Las víctimas del fundador de los
Legionarios de Cristo exigirán
reparación al Estado mexicano
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Por: Carlos Salinas y Georgina Zerega

Tras más de una década de lucha legal
infructuosa para encontrar justicia,
ocho víctimas del sacerdote Marcial
Maciel acudirán en enero a las
autoridades mexicanas para exigir la
reparación por los abusos cometidos
por el fundador de los Legionarios de
Cristo, la congregación católica que
ha admitido a través de un informe
interno hecho público el fin de
semana, que el cura abusó sexualmente
de al menos 60 menores. Las víctimas
—la mayoría de ellas personas mayores
a los ochenta años— acudirán a la
Comisión Ejecutiva de Atención a
Víctimas (CEAV) del Gobierno de México
para que se pronuncie sobre estos
casos de abuso y determine los grados
de afectación de cara a lograr
reparaciones por lo que consideran
daños morales cometidos por Maciel.

México aprobó en 2012 una Ley General
de Víctimas, que obliga al Estado a
dar asistencia y protección y reparar
a quienes hayan sufrido violaciones a
sus derechos humanos o sean víctimas
de violencia. Bajo ese paraguas legal
es la CEAV el organismo encargado de
atender las denuncias, dar seguimiento
a los casos y gestionar la reparación
a las personas afectadas. Es por lo
que quienes sufrieron atropellos del
fundador de la Legión acudirán a esta
instancia con la esperanza de que se
reconozcan públicamente los abusos
sufridos cuando eran niños y puedan
hallar justicia, explica Sergio
Méndez, abogado de ocho víctimas de
Maciel y coordinador del Litigio
Constitucional de Justicia Pro
Personas A.C. “Son estas instancias
federales las que pueden determinar
los grados de afectación y que se
logre una reparación por parte del
Gobierno”, explica.

El abogado argumenta que en la
legislación mexicana se consideran
imprescriptibles los delitos
relacionados a la tortura y considera
que sus representados sufrieron una
forma de tortura con los abusos
cometidos por el cura Maciel cuando
eran menores. Méndez afirma que el
Estado, al reconocer estos abusos,
podrá exigir que se pidan disculpas
públicas y que se pague una
indemnización a las víctimas. Dijo que
la estrategia que desarrollará a
partir de enero incluye presentar una
queja ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) de México,
porque hasta ahora sus gestiones
legales no han encontrado eco entre
los juzgados federales a los que ha
acudido, que han alegado que no tienen
competencia para tramitar sus
denuncias.

Para el exsacerdote Alberto Athie, uno
de los primeros en denunciar los
abusos sexuales de Marcial Maciel, ha
habido una complicidad de parte del
Estado mexicano en relación con la
impunidad que afecta a las víctimas de
pederastia clerical. "Las autoridades
judiciales desconocen los casos o han
buscado neutralizarlos hasta acabar
con ellos. Hay una complicidad civil",
afirma Athie, quien durante décadas ha
estudiado este tipo de abusos en el
seno de la Iglesia. Athie explica que
el informe presentado por los
Legionarios es incompleto, porque no
da los nombres de los sacerdotes
acusados de pederastia, dónde están
actualmente o si han sido entregados a
las autoridades. Para él, además, es
grave que en el documento preparado
por una comisión interna de la
congregación, "no se maneja
adecuadamente" la pederastia clerical.
"La reducen a abusos sexuales y dejan
de lado todo lo que implica: sí,
depredadores sexuales de niños y
niñas, pero también el encubrimiento,
porque todos los casos han sido
encubiertos y protegidos". El caso de
Maciel, agrega, "es emblemático,
porque lo protegió su congregación
mintiendo y descalificando a las
víctimas, hasta que ya no tuvieron la
oportunidad de hacerlo. Y todo con el
apoyo del Vaticano. Desarrollaron todo
un mecanismo de protección y
encubrimiento que permitió que estas
personas siguieran abusando de niños y
niñas".

La Iglesia mexicana también ha
criticado el informe de los
legionarios. En un mensaje pronunciado
en Monterrey, al norte del país,
Rogelio Cabrera López, presidente de
la Conferencia del Episcopado Mexicano
(CEM), dijo que el informe es
incompleto y que “llega tarde”. Para
el arzobispo “es inexplicable que esta
historia delictiva no se haya dado a
conocer en más de 70 años” y dijo que
hay un “silencio delictivo muy grave”
que involucra “a las autoridades en el
Vaticano, los gobernantes que tuvieron
noticias de estos, los mismos miembros
de la Legión que no informaron o que
no les permitieron informar”.

Saúl Barrales es uno de los
representados por el abogado Méndez.
Sufrió abusos de parte de Maciel
cuando tenía 13 años. Recuerda que en
1946 él y otros 30 chicos —15 de ellos
entre 11 y 13 años— viajaron con el
sacerdote hasta España, con una
estancia de unos días en Cuba. Después
de embarcarse hacia Europa, el
sacerdote lo llamó una noche a su
camarote. “Me dijo, ‘ponme la mano
aquí en el pecho porque siento dolor’
y luego la bajaba hacia sus partes
íntimas. Pronto empecé a notar sus
insinuaciones. Veía quién le caí bien.
Él sentía simpatía por la gente güera
[de piel blanca], de ojos azules,
chamacos [chicos] de 10, 11 y 12
años”. Barrales tiene ahora 88 años y
asegura que el Vaticano conocía de los
abusos de Maciel, pero que imperaba el
silencio entre los jóvenes que
estudiaban para sacerdotes y las
autoridades de la Iglesia en todos los
niveles. “Yo mismo me decía: No puede
ser que enjuicie a un ser que ha hecho
tantas cosas buenas. Lo considerábamos
un santo, un enviado de Dios para
transformar la Iglesia”.

El anciano no esconde su ira al
conocer el informe publicado por los
Legionarios de Cristo. Dice que es
“una lavada de cara” del organismo.
“No es suficiente” —afirma— “la
institución debe desaparecer”.

El informe de los Legionarios llega en
medio del estallido del caso Fernando
Martínez en México, un sacerdote que
abusó de al menos seis víctimas y al
que la congregación encubrió durante
50 años. La publicación de una
investigación interna que admitía los
esfuerzos por ocultar los abusos
sexuales en un colegio de la orden en
Cancún —al sur del país— ha creado una
tensa situación entre una parte de la
Iglesia mexicana con la Legión. La
Arquidiócesis de Monterrey, liderada
por el presidente del Episcopado en
México, acompañó el pasado noviembre
un pedido de las víctimas para remover
de la curia a quienes encubrieron al
cura. En el documento se les acusa
además de una "incapacidad para asumir
decisiones apropiadas a favor de la
infancia" y se señala que sus acciones
"han acabado con la esperanza de una
Legión renovada". La negativa de la
congregación, hasta el momento, a
expulsar al español Eloy Bedia, uno de
los acusados de acallar las denuncias
contra Martínez y recientemente
ascendido en la escala legionaria,
abre más dudas que certezas sobre el
proceso de limpieza interna que
procura el último informe.

Para Saúl Barrales, a pesar de las
décadas pasadas y de la muerte de
Maciel, no es tarde para que la
Iglesia reconozca lo ocurrido e
indemnice a las víctimas. Esa es la
batalla que ha librado desde hace 12
años. “Queremos ser reconocidos.
Queremos que la Iglesia haga el
esfuerzo profundo de remover a
sacerdotes que tengan esas
inclinaciones a cometer abusos,
queremos que, si se sabe que le han
desbaratado la vida a alguien, como a
mí, que haya una restitución económica
para poder vivir”, dice el anciano
antes de hacer una pausa para sorber
un poco del ponche caliente que bebe
para aplacar el frío que envuelve a
Ciudad de México. “El Vaticano sabía
todas estas cosas, ¡es el colmo que no
lo quieran reconocer!”, comenta
Barrales, que sufre cáncer de próstata
y vive con una pensión de algo más de
150 dólares. “Ya se murió Maciel, pero
este es un caso que no prescribe, es
un delito y se debe aplicar la ley. No
nos han hecho caso, por eso ahora
vamos a acudir al ámbito civil… Pero
sobre todo queremos que el Vaticano y
la Iglesia cambien completamente”.

## Vía:

https://elpais.com/sociedad/2019/12/23/actualidad/1577064513_104614.html