Primera Ley General de Humanidades,
Ciencias, Tecnologías e Innovación
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Por: María Elena Álvarez-Buylla Roces

La Ley de Ciencia y Tecnología vigente
se emitió en un contexto geopolítico,
económico, tecno-científico y
ambiental muy distinto al actual, con
principios y objetivos que no
coinciden necesariamente con la
pluralidad, las exigencias éticas y
epistemológicas, ni con el compromiso
que la sociedad demanda de los
científicos y tecnólogos frente a los
desafíos de la humanidad.

Durante 18 años, la normativa y las
políticas del gobierno no facilitaron
la articulación de las capacidades y
recursos nacionales en ciencia,
tecnología e innovación (CTI) para
lograr soberanía científica e
independencia tecnológica; tampoco
acortaron la brecha de género ni de
empleo en el sector. No hubo
planeación estratégica para acoplar
la formación de nuevos científicos
con la disponibilidad de puestos
laborales. Esto llevó a una gran
`fuga de cerebros': la inversión
pública de más de 200 mil millones se
volvió un pasivo, con 1.2 millones de
mexicanos altamente calificados, más
de 900 mil con título universitario,
más de 300 mil con posgrado, y más de
30 mil colegas en puestos de
liderazgo en Estados Unidos.

Las administraciones anteriores no
regularon ni dieron seguimiento
efectivo al uso de tecnologías
potencialmente nocivas para el
ambiente, la salud y los procesos
bioculturales. Tampoco fomentaron la
transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos o su fiscalización
adecuada.

Se le apostó al mercado y a la
vinculación entre el gobierno y la
academia con el sector privado, pero
sin la participación informada e
incluyente de la comunidad, y sin
garantizar el acceso universal al
conocimiento y sus beneficios o la
eficiencia.

En el sexenio anterior, México pasó
del lugar 63 al 56 en gasto público
de CTI a escala mundial. No obstante,
perdió 16 lugares en el índice de
eficiencia de innovación, al
descender del puesto 56 al 72. En un
país pobre y con desigualdades
abismales, ¡se gastó más en CTI pero
se disminuyó en eficiencia de
innovación!: 77 por ciento del gasto
fue público y sólo 19 por ciento
privado. ¡Se transfirieron al menos
35 mil 175 millones a particulares y
se adoptó tecnología obsoleta, no
pertinente y riesgosa! En contraste,
en 2017 y 2018, para la ciencia de
frontera, la transferencia fue nula,
cuando el apoyo a la ciencia es
fundamental para desarrollar
tecnología de vanguardia y
pertinente, superar la dependencia al
fortalecer los medios de producción y
lograr la soberanía nacional que
buscamos ahora.

En cambio, la reforma constitucional
de 2019 y el PND 2018-2024 ubica a
las actividades del sector en las
coordenadas del derecho humano a la
ciencia y un nuevo paradigma de
ciencia honesta y rigurosa, pública:
comprometida, social y
ambientalmente, con el interés
público nacional, democrática,
forjada sobre firmes principios
éticos y epistemológicos y en pos de
una nación soberana y libre, además
de asertiva y transparente en el
manejo de los recursos.

Así, el Consejo General de
Investigación Científica, Desarrollo
Tecnológico e Innovación, encabezado
por el presidente López Obrador,
acordó la creación de un comité
intersectorial que funja como espacio
de diálogo entre expertos y
dependencias públicas para revisar la
formulación del Anteproyecto de
Iniciativa de la primera Ley General
de Humanidades, Ciencias, Tecnologías
e Innovación (HCTI). El Conacyt,
coordinador del sector, será
responsable de liderar el comité y
elaborar el anteproyecto.

En su primera sesión, el comité
conoció las diversas fuentes e
insumos normativos, académicos y
ciudadanos que se han debatido en la
comunidad en torno a posibles
reformas y sus justificaciones
técnicas, políticas y económicas.
Asimismo, analizó los ejes temáticos,
principios y consensos esenciales
para formular el anteproyecto.

El comité se pronunció a favor de la
rectoría del Estado y una agenda
estratégica que apuntale el derecho a
la ciencia y consolide la
articulación del gobierno, la
academia, la industria y la sociedad,
así como la coordinación nacional,
intersectorial y regional, y la
cooperación internacional, de manera
que la libertad de investigación, el
desarrollo de fuerzas productivas y
el fortalecimiento de la economía
mexicana con sólidas bases de HCTI
sean compatibles con el bienestar
social y el desarrollo sustentable.

En paralelo, la plataforma del
Conacyt para recabar propuestas
institucionales se abrió el 31 de
enero y desde el 21 de febrero es de
acceso libre. La convocatoria inicial
incluyó a secretarías de Estado,
centros públicos de investigación,
universidades, instituciones de
educación superior, academias,
organismos estatales y organizaciones
empresariales. A la fecha se han
recabado casi 100 propuestas.

La expedición de la primera ley
general de HCTI impactará en el
entendimiento, el lenguaje y las
interacciones del ecosistema nacional
de CTI. Es una oportunidad histórica
para vincularlo con las necesidades
del país entero, democratizar el
sector y arraigar en su seno la
honestidad, el rigor metodológico, el
pluralismo epistémico, el compromiso
socio-ambiental, la transparencia, el
uso responsable de los recursos y la
rendición de cuentas.

* Directora General del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología

## Vía
https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/015a1pol