Adiós al espionaje
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Por: Pedro Miguel

La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSPC), que
encabeza Alfonso Durazo, confirmó que
está cancelada la licencia del
sistema de espionaje digital Pegasus,
comprado por el gobierno de Felipe
Calderón a la firma israelí NSO Group
y usado inicialmente por la
Secretaría de la Defensa Nacional y
la entonces Procuraduría General de
la República (PGR). En el sexenio
siguiente, la administración de
Enrique Peña Nieto renovó las
licencias existentes y adquirió
nuevas para emplearlas en la
Secretaría de Gobernación, que se
encontraba a cargo de Miguel Ángel
Osorio Chong, y el Centro de
Investigación y Seguridad Nacional
(Cisen).

A decir del actual secretario de
Seguridad, `la licencia venció en
2017 sin que se renovara
posteriormente', luego que el
Instituto Nacional de Acceso a la
Información (INAI) ordenó su
desinstalación a raíz de las quejas
por el uso discrecional que se dio a
ese instrumento de espionaje.

Como se recordará, Pegasus, un
malware muy sofisticado que se
instala en teléfonos celulares de
manera subrepticia, fue empleado
durante el Peñato para interceptar
las comunicaciones de periodistas,
activistas sociales, organizaciones
de la sociedad civil y políticos
opositores. Actualmente hay una
investigación sobre Tomás Zerón de
Lucio –ex responsable de la Agencia
de Investigación Criminal de la
extinta PGR y señalado de alterar
pruebas de la masacre de Iguala– por
haber adquirido licencias de ese
sistema por un monto de 32 millones
de dólares en 2014. También aparece
involucrada en el uso del sistema la
ex procuradora Aracely Gómez, entre
otros.

El empleo de Pegasus por varios
gobiernos del mundo fue descubierto
en 2016 por la organización Citizen
Lab, de la Universidad de Toronto.
pero para entonces se sabía que las
autoridades mexicanas empleaban otra
plataforma de espionaje similar,
FinFisher, un sistema de monitoreo,
intercepción y análisis de redes de
cómputo, llamadas telefónicas,
correos electrónicos, mensajes de
texto y actividad en Internet.

En febrero de 2013 varias
organizaciones no gubernamentales
presentaron una denuncia ante la
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) contra
Gamma International, la subsidiaria
que comercializaba FinFisher. El
programa operaba como virus o troyano
informático y permitía intervenir y
vigilar servidores, computadoras
personales y teléfonos inteligentes.
Al mes siguiente, una investigación
de The Citizen Lab, reveló que
operaban en México servidores con
FinFisher alojados en firmas como
Iusacell y UniNet.

Es posible que los gobiernos de
Calderón y Peña hayan adquirido y
utilizado otros productos de
espionaje de diversas empresas, como
Hacking Team, Vastech,
DreamlabTechnologies y Silicom. En
2013 la Unidad de Contrainteligencia
de WikiLeaks (WLCIU, por sus siglas
en inglés) detectó en ese año un
inusitado movimiento de
representantes comerciales de esas y
otras firmas en nuestro país. Habría
que investigarlo. Hasta la fecha no
se ha realizado, que se sepa, un
inventario exhaustivo de esos
sistemas de intrusión en las
dependencias de los tres niveles de
gobierno. Sería fundamental
investigar, por ejemplo, qué clase de
sistemas de este tipo han instalado
gobiernos estatales y su grado de
operatividad actual. Ciertamente, no
es una tarea fácil.

Lo cierto es que el mercado
internacional de productos digitales
de espionaje de alta gama asciende a
muchos miles de millones de dólares
(la cifra exacta es un misterio) y
que las empresas que los producen y
comercializan están siempre al acecho
de funcionarios capaces de caer en la
tentación de saber más de sus
gobernados de lo que permiten las
leyes.

Una de las promesas democratizadoras
de la Cuarta Transformación fue la
inmediata abolición del #
GobiernoEspía. En febrero de este
año, la actual Fiscalía General de la
República informó al INAI que había
desinstalado Pegasus, pero no, el
INAI sostiene que se siguieron
adquiriendo derechos de actualización
de las licencias. El señalamiento de
Alfonso Durazo es tranquilizador,
pero habría que llevar a cabo en la
dependencia que encabeza una
exhaustiva auditoría informática
interna –que por la naturaleza de la
institución no puede ser abierta–
para garantizar que todo rastro de
software espía ya ha sido eliminado
de sus sistemas.

En el país de la 4T los sistemas de
vigilancia furtiva deben
circunscribirse estrictamente al
ámbito de la seguridad y el combate a
la delincuencia y el adiós al
espionaje a la ciudadanía debe ser
categórico, definitivo y total.

Twitter: @Navegaciones

navegaciones@yahoo.com

## Vía
https://www.jornada.com.mx/2020/05/08/politica/017a1pol