# taz.de -- Reconocimiento de los indígenas en Chile: Tantas promesas incumplidas
> En Chile existe una disputa histórica de tierras entre el Estado, el
> Pueblo Mapuche y las empresas forestales. Desde la dictadura de Pinochet
> hasta hoy.
IMG Bild: Manifestantes bailan durante una protesta del movimiento de resistencia mapuche, en Santiago de Chile, octubre de 2022
Más de 500 días las Fuerzas Armadas llevan desplegadas en la zona sur del
país, específicamente en la Región de la Araucanía y las provincias de
Arauco y Bío Bío, es decir, en el Wallmapu, el territorio ancestral
mapuche. Esto debido a que el Congreso Nacional aprobó una nueva prórroga
para mantener el Estado de Excepción Constitucional en la denominada
macrozona sur, que se funda “en los eventos de violencia rural“, informa la
web del Senado.
En aquellas zonas, existe [1][una disputa territorial histórica] entre el
Estado chileno, algunas comunidades del Pueblo Mapuche y la industria
forestal, quien desde la dictadura militar (1973-1990) se sumó al
conflicto, explotando tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
En este contexto, ha existido un aumento de reivindicaciones y controles
territoriales por parte de comunidades indígenas, siendo dicha demanda la
piedra angular de un problema, que hasta ahora, no ha tenido solución desde
el Estado. A ello, se han sumado ataques incendiarios a maquinarias y
predios. Además, actualmente, los prisioneros políticos mapuche de la
cárcel de Angol, llevan 100 días [2][en huelga de hambre], quienes exigen
el reconocimiento de sus “derechos políticos y territoriales, culturales y
espirituales“.
La medida del Estado de Excepción, es decir, la militarización del
territorio, comenzó a utilizarse en el ex Gobierno de Sebastián Piñera en
octubre de 2021 -coalición de derecha-. Siete meses después, el actual
gobierno de centro-izquierda liderado por el Presidente Gabriel Boric,
ingresó a Contraloría [3][un decreto para declarar un estado de Excepción
“acotado“ en la zona], pese a que cuando era candidato dijo que estaba en
contra de esta medida, momento en el que señaló:
“Nosotros no podemos seguir con las mismas recetas que han profundizado la
violencia que hoy día se vive en la Macrozona Sur. Nosotros tenemos un
respeto y vamos a estar acompañando a todas las víctimas de la violencia,
tanto a las víctimas de la violencia por parte del Estado del pueblo
mapuche, como las víctimas de violencia que son inaceptables, como las
quemas de iglesia, las quemas de camiones y todo lo que hemos visto durante
los últimos meses“.
Esta militarización y las políticas enfocadas a la represión y seguridad,
han aumentado la desconfianza de diferentes comunidades mapuche, pues
consideran que estas medidas no afrontan el problema desde su origen
político, cuyo centro es el despojo de las tierras en procesos de remate y
reducciones que ejecutó el Estado chileno desde el siglo XIX, tal como lo
explica el investigador Martín Correa en una entrevista con el diario
Interferencia.
## La marca de la dictadura
En el contexto de la Reforma Agraria en el siglo XX en Chile, un proceso
que buscaba principalmente cambiar la estructura del gran latifundio y
resolver las precarias condiciones sociales de la clase campesina, la
tierra se convierte en un eje principal en las políticas públicas, pero
también de disputa entre distintos sectores. Durante la Unidad Popular,
Salvador Allende propició cambios significativos a través de la creación de
la Ley Indígena N°17.729, promulgada durante el segundo semestre de 1972,
normativa que por primera vez tomaba en cuenta la identidad étnica.
De acuerdo a información otorgada por el periodista Pedro Cayuqueo, se
estima que el gobierno de Allende entregó a las comunidades mapuche 152.416
hectáreas, iniciando un proceso de reparación histórica demandado por las
comunidades indígenas movilizadas. Sin embargo, tras el golpe de Estado del
11 de septiembre de 1973, los dominios fueron entregados a los antiguos
dueños. Así, mediante el decreto ley 2.568, se promovió la subdivisión de
los títulos de tierras de propiedad comunitaria y se desposeyó al Pueblo
Mapuche de una importante superficie de tierras, provocando nuevamente
pobreza, represión y despojo en las comunidades indígenas.
Los cambios políticos y sociales que se produjeron en la dictadura, periodo
donde se violó derechos humanos de miles de chilenos, también repercutieron
en la vida mapuche. Además de mapuche asesinados, desaparecidos, exiliados
y perseguidos, la convivencia comunitaria fue en gran parte destruida por
las políticas de división de tierra dictaminadas por las dictadura de
Pinochet.
## Las promesas después de la dictadura
“Muchos tuvimos esperanza, pero en ese momento lo más importante era sacar
al dictador“. Este uno de los recuerdos del lonko (autoridad ancestral
mapuche) José Painaqueo Paillán, refiriéndose a las promesas del ex
presidente Patricio Aylwin Azócar, quien en 1989 era candidato
presidencial, en el marco de la recuperación de la democracia tras la
dictadura cívico- militar encabezada por Augusto Pinochet.
Aquel año, Patricio Aylwin, se comprometió con organizaciones indígenas
Mapuche, Huilliche, Aymara y Rapa Nui, en el denominado Acuerdo de Nueva
Imperial, “al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas“,
promesa que nunca cumplió. También había asegurado “medidas de corto
plazo“, como la ratificación del Convenio 169 de la OIT, el cual recién fue
aprobado en 2008. El único avance realizado fue la promulgación de la Ley
Indígena en Chile (19.253), el cuerpo legislativo dedicado a la
“protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas“, y que crea en 1993 la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi).
“En términos de reconocimiento de estos derechos, Chile es uno de los
países latinoamericanos que menor avance ha tenido, aún cuando ha
ratificado o suscrito una serie de pactos y convenios internacionales en
esta materia“, señaló la investigadora Verónica Figueroa Huencho en una
columna del medio Ciper.
En 2021 la discusión de la plurinacionalidad estuvo en la agenda, debido al
proceso encargado de escribir una nueva Constitución, para dejar atrás la
proclamada en dictadura en 1980. Esto nacie como una de las principales
demandas de los ciudadanos tras masivas marchas en las calles, en lo que se
denominó el “estallido social“ en octubre de 2019. Gracias a la
movilización social, por primera vez, una mujer mapuche lideró un proceso
en la institucionalidad chilena, la académica Elisa Loncon. Su elección fue
reconocida a nivel nacional e internacional, pero el texto fue rechazado en
un plebiscito y actualmente se está realizando otro proceso, liderado por
la ultraderecha.
Hasta ahora, no se han presentado proyectos de ley para declarar un país
plurinacional, proyecto político que se define como el reconocimiento de
los distintos pueblos que componen un Estado y el otorgamiento de sus
derechos políticos. Al contrario, tanto los gobiernos de centro-derecha,
como centro-izquierda, miran el conflicto como un tema de seguridad, sin
impulsar avances profundos en las actuales reivindicaciones indígenas.
[4][Este artículo también se publicó en alemán].
Paula Huenchumil es periodista del diario digital Interferencia. Es
mapuche.
10 Sep 2023
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## AUTOREN
DIR Paula Huenchumil
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